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Y ENTONCES QUIENES SON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO?


Por: Alfonso Castillo Garzón
Defensor de derechos Humanos

El inicio del 27 ciclo de conversaciones en la Habana, adelantado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP , en el que se aborda el tema de los Derechos de las victimas del conflicto, ha puesto en evidencia publica que la sociedad Colombiana no está lo suficientemente preparada para abordar adecuadamente este aspecto, sin duda, central a la hora de hablar de solución al prologando conflicto armando en Colombia, que ya supera los 60 años, en los que se han provocado millones de afectados y victimas, las que demandan pronta solución a la guerra y restablecimiento pleno a sus derechos.

No se trata de discusiones sencillas de fácil tratamiento: empezando con los incidentes causados por quienes se reclamaban victimas de las FARC en el foro de Victimas en Cali (3,4,y 5 de Agosto), o el mediático   protagonizado por el hoy General  Mendieta y secundado por la Procuraduria General de la Nación, en el que se trata de situar a los militares como las únicas victimas del conflicto, también la discusión nacional sobre la representación, calidad e idoneidad de las victimas que acudieron a la habana el día 16 de Agosto, incluso las aireadas e irrespetuosas agresiones del Partido Centro Democrático sobre las víctimas y sus proceso reparador, al momento de encontrarse con sus victimarios.

Esta situación de incomprensión y falta de sensibilidad sobre el tema de los derechos de las victimas, obligan a la hora de discutir la solución del conflicto armado, a plantearse la urgencia de diseñar una política publica que considere entre sus componentes  una acción pedagógica, que permita a la sociedad entender el valor de las personas afectadas por la guerra y entre ellos a distinguir los derechos de quienes son las victimas del conflicto.

Este  ejercicio debe empezar por aclarar quien se define como victima, teniendo en cuenta, lo que define la comunidad internacional, que considera victima a “…aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioros en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armando interno”.[i]

En este sentido conviene diferenciar victima de personas afectadas, en todo caso considerando que la normatividad proteje fundamentalmente a la población civil que no participe de la guerra e incluso a combatientes que por su afectación ya no participen de la hostilidad.

Esta discusión se hace necesaria, para comprender que no todas las personas que sufren daño en el conflicto se pueden considerar victimas, debido a que no se debe concebir igual condición, de aquellas personas que de manera deliberada, entrenados y armados, participen del conflicto, de aquellas que, en su condición de civiles sufren el rigor de la guerra y el conflicto, como es el caso Colombiano.

No obstante las definiciones, suficientemente claras, es conveniente que considerando, la prolongación y degradación del conflicto armando en Colombia, el tema de las víctimas, se trate con el debido cuidado y respeto por el dolor que tiene tanto afectados como víctimas, pero, esta condición humana no puede ser la que determine la condición y la calidad de víctimas, pues queda claramente establecido que sólo pueden ser reconocidas como tal aquellas personas que no están involucradas directamente en el conflicto.

En el mismo sentido, es necesario establecer que una vez reconocida la calidad de víctimas, no se puede distinguir categorías que intentan diferenciar entre víctimas más o menos importantes, esto sólo provoca revictimización, y poco contribuye a la búsqueda de alternativas que permitan a las víctimas el restablecimiento pleno de sus derechos vulnerados. Cosa diferente, es el derecho de las víctimas a organizarse o agruparse cosa que se viene haciendo de acuerdo a los hechos victimizantes o según el victimario, esto sin duda es un avance que permite a las víctimas mayores empoderamientos políticos y mejores articulaciones y reconocimientos.

Por lo tanto, no contribuyen en el actual proceso que vive el país, propiciar enfrentamientos o fracturas entre las víctimas, esto es absolutamente improcedente, cuando justamente de lo que se trata es de encontrar y propiciar lugares comunes, que en el caso de las víctimas del conflicto colombiano, se encuentran del lado de exigir a quienes dialogan en la Habana: Guerrilla y Gobierno, facilitar todos los mecanismos que garanticen conocer toda la verdad histórica de lo ocurrido en el conflicto, iniciando por el esclarecimiento de las causas los desarrollos, identificación de los beneficiarios de la guerra, esta justa demanda de todas las víctimas es un factor de encuentro que exige abonar esfuerzos, incluso con distintos sectores sociales y políticos.

Igualmente es un lugar común la exigencia de continuar el proceso en condiciones de cese bilateral de fuegos y hostilidades, a fin de no continuar provocando más dolor y nuevas victimas.

También, es lugar común el tema de la atención, que por cuenta de la ley de víctimas, no logra satisfacer las expectativas de las víctimas, esta circunstancia debe servir para que unir los esfuerzos y exigir al Estado colombiano, una reformulación de la ley 1448/11, que permita mejorar los procedimientos y en especial replantear el tema de la atención psicosocial de un lado y de otro, replantear los montos de indemnizaciones a las víctimas, así como agilizar el pago de las mismas, dado que actualmente no cumplen con el criterio de aliviar situaciones económicas que las víctimas padecen a causa del conflicto armado.

Finalmente, el escenario de la paz, requiere que las víctimas del conflicto, reconozcan las diferencias, pero al mismo tiempo respetar tanto el dolor, como la necesidad que cada víctima tiene desarrollar sus identidades y las formas que le permitan acceder al desarrollo pleno de sus derechos vulnerados.

Bogotá, agosto 22 de 2014




[i] Convenio de Ginebra relativo a protección de civiles en tiempo de guerra y Ley 1421 de 2010, articulo 15, Diario Oficial, 21 de Diciembre de 2010, Bogotá.   

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