Alfonso Castillo Garzon
Defensor de Derechos Humanos
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La llegada al palacio Liévano de
un nuevo administrador de los intereses de la capital de la República, supone,
para las organizaciones populares y sociales y particularmente para quienes durante
los doce últimos años habían “participado”
del ejercicio de gobierno, un enorme desafío que plantea retos y sobre todo
cuestionamientos a la labor desarrollada en este mismo periodo de tiempo
El nuevo ocupante el Palacio Liévano,
efectivamente se comportara como un gobernante Monarca, desde allí con toda
seguridad erigirá su política “elitista”
de gobierno, sin importarle mucho la suerte que puedan tener los sectores menos
favorecidos de la ciudad, así se hizo en su gobierno anterior y seguramente y
fortalecido con el aliento que la derecha ha tenido en América Latina, va a
desarrollar políticas que desfavorecen en todo caso a los pobladores más humildes
o por lo menos así se deja entrever en sus primeros anuncios aun sin ser
alcalde posesionado.
De esta manera habrá que
suponer que el nuevo alcalde muy afectó a las políticas neoliberales,
desarrollará una ofensiva tanto discursiva como policial en contra de los
presencia de los vendedores ambulantes en las calles de la capital de la república,
porque él con su actitud clasista a considerado desde siempre que este es un
mal que “hace feo el rostro de la ciudad”
Igualmente podemos considerar
la misma suerte en lo que respecta a las decisiones de la construcción de la
primera línea del metro, ya sus primeros anuncios indican que va a replantear
el diseño y seguramente va a congelar lo que va a ser la construcción, por
ahora, ha dicho que tomará la decisión de hacer un metro elevado en la zona sur
de la Ciudad afectando por supuesto los intereses de los sectores menos
favorecidos, pero en cambio sí, va a desarrollar la construcción subterránea del
mismo en el norte de la ciudad, valorizando los terrenos de los sectores de clase
alta, además de suponer que los estratos altos no podría aceptar que es el
metro transite de manera visible, por cuestiones estéticas. Se requiere la construcción
de un sistema en metro de varias líneas el cual debe respetar los actuales diseños
en los cuales la ciudad ha invertido ya muchos recursos. Igualmente se debe
solicitar que para la construcción de este metro no utilicen arenas y recursos
de extracción de las canteras de la ciudad de Bogotá, donde seguramente, se
está ejerciendo explotación ilegal de estos recursos naturales, mucho menos
aceptar que se traigan materiales de excavación provenientes de la región del
páramo de SUMAPAZ.
Igualmente debemos prepararnos
para un desmonte, quizá gradual, de la implementación de las políticas sociales,
promovidas desde la Secretaría Integración Social en los últimos tres gobiernos
y particularmente en la administración que termina de Gustavo Petro, podremos
estar entonces transitando a un desmonte de toda la infraestructura de
comedores comunitarios, de hogares infantiles y todos los programas de apoyo al
adulto mayor, a las personas con discapacidad y a aquellos sectores de la
población con mayor vulnerabilidad.
Igual decisión podrá tomar el
alcalde Peñalosa, tan elitista como lo ha sido siempre, en relación con
desarrollar un discurso al cual le van a hacer juego los medios de comunicación
para afectar decisiones en relación con la protección al medio ambiente,
seguramente debemos prepararnos para el desmonte todas las resoluciones que
prohibían la construcción en los cerros orientales. Igualmente vendrá una serie
de políticas, programas y acciones que
van a promover la construcción de infraestructura sobre los humedales de la
ciudad. Por ello
debemos prepararnos para No permitir el desarrollo de políticas urbanísticas y
expansión de la construcción urbana afectando la reserva natural de los cerros
naturales ni la afectación de las zonas de humedales
No menos preocupante sería la
decisión que pudiera tomar el alcalde recién electo en relación con desmontar
las políticas y programas que se desarrollan bajo el gobierno de Gustavo Petro,
para atención a las víctimas, seguramente el alcalde Peñalosa se inclinaría por
la implementación de programas muy ajustados a la ley 1448 sin permitirse cómo
lo hizo la actual administración un mayor mayor presupuesto y el desarrollo de
programas que pudieran brindarle lo mejor posible a las víctimas y al restablecimiento
de sus derechos.
Peligrosamente podríamos estar
asistiendo a la autorización de exploración minero energética en el páramo de SUMAPAZ,
afectando gravemente ese frágil ecosistema, y con toda seguridad los derechos
de los campesinos que allí habitan, y que durante muchos años han venido
luchando por la defensa y la declaratoria de una zona de reserva campesina cosa
que es contraria a los intereses y afectos del alcalde Peñalosa. Lo que viene
para las organizaciones populares es organizar la defensa del agua y el páramo de SUMAPAZ, en el sentido
de hacer respetar la conquista que ha sido la planeación, alrededor del recurso
hídrico, tan importante para la capital de la república. Igualmente exigir que
se respete derechos de los campesinos que habitan las zonas Rurales de la
ciudad de Bogotá especialmente el derecho al desarrollo de la economía
campesina, de los habitantes de las regiones de Usme, Suba, Ciudad Bolivar y el
páramo de Sumapaz. Esta lucha se debe extender al desarrollo una política de
manejo de residuos sólidos para la ciudad, que fortalezca la política pública
de manejo de residuos y de separación de residuos en la fuente, así como una
política que permita fortalecer el sistema de recicladores en la ciudad como
trabajadores al servicio del distrito capital.
Seguramente también se
rediseñara o desmejorara el programa de Mercados Campesinos, que durante varios
años se ha implementado, favoreciendo la llegada de los productores directos de
la zona de influencia de Bogotá a la capital, para que los campesinos
productores hagan el ejercicio directo de la venta a los consumidores en
distintos parques de la ciudad cada 15 a cada 15 días.
Igual preocupación se tiene con el tema de legalización de
barrios sin dañar el patrimonio ambiental, esto supone respetar los derechos
adquiridos de los habitantes que habitan en Cerros orientales, pero no permitir
la construcción de viviendas especialmente estratos altos
No menos preocupación nos provoca la inquieta tu alrededor
de la protección de la reserva forestal y ambiental Thomas Van Der Hammer, que
fue habilitada por la actual administración, adquiriendo predios y haciendo una
serie declaratorias de protección y p’rohibicion de construcción en la misma.
Una preocupación no menor de
la que pueda generar la eventual suspensión del programa de mínimo vital de
agua, con la cual las administraciones pasadas garantizaron el acceso al
derecho al agua potable a los habitantes de la ciudad de los estratos uno y
todos, y que hoy podría estar en riesgo ante la actitud arrogante y prepotente
del mandatario electo Enrique Peñalosa.
Suspensión de los subsidios y
tarifas diferenciales en el trasporte público, podría ser una de las políticas
implementadas por el nuevo mandatario, lo que sin duda significaría una grave
afectación a los sectores más vulnerables de la ciudad por lo que representa
esta libro en las tarifas del transporte especialmente para los grupos de
tercera edad, las víctimas del conflicto armado. y los estudiantes.
La larga batalla de las
organizaciones populares y de las administraciones democráticas, para contener
políticas neoliberales como la de los colegios y cupos educativos en concesión,
tendrán bajo este alcalde nuevo un nuevo aire y seguramente la ciudad se
encaminará por la ruta de construir una costos e infraestructura para
entregarla en la administración de sectores privados los cuales además obtienen
el pago de unas tarifas por cada cupo que se asigne a los estudiante en el
distrito, esto supone una grave afectación del derecho a la educación pública
gratuita de buena calidad.
Algunas preocupaciones nos
genera el futuro del El sistema público de salud, que en la ciudad de Bogotá y
Soto o los esfuerzos por enfrentar la embestida del gobierno nacional para
privatizar por ahogamiento de recursos la república hospitalaria, por ello no
deja de preocupar cual pueda ser el futuro de los proyectos de convertir al
hospital San Juan de Dios en una institución pública de servicios de salud de
buena calidad para los sectores más vulnerables.
Poco que desear para el desarrollo de un programa de
adopción animal por cuenta de los recursos del distrito capital así como la
construcción de un centro clínico para la atención de los animales domésticos
de manera gratuita.
Defensa de lo público, quizá este puede ser uno los aspectos
más preocupantes con la nueva administración de Bogotá por cuanto hemos
escuchado los anuncios privatizadores, en relación con lo que será el futuro de
la Empresa de teléfonos de Bogotá, ETB, suerte igual de privatización que podrá
ocurrir con la empresa de Acueducto y Alcantarillado y ni qué decir del
desmonte de la Empresa de Aseo, que se ha impulsado bajo la administración de
Gustavo Petro siendo un importante avance en la consolidación de una empresa
del Estado
Como queda en evidencia, son muchas las razones para
organizar la oposición consciente y propositiva, frente a la defensa de los
logros sociales en Bogotá, pero más aún son gigantesco los desafíos de los
sectores sociales y populares para promover políticas de fortalecimiento
organizativo y de movilización de la ciudadanía en defensa de estas importantes
conquistas, que en todo case hacen parte del derecho una ciudad democrática,
para ello es importante que se desarrollen acciones coordinadas y articuladas
con el movimiento social y popular para impulsar procesos de formación y
educación popular que permitan a los integrantes de las organizaciones y otros
sectores sociales acceder a una reflexión consciente sobre la importancia de
estos derechos y la necesidad de salir a defenderlos.
1 de diciembre de 2015.
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