Alfonso Castillo
Defensor de derechos humanos
Historiador
Historiador
A manera de introducción.
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Participamos en 1990, con todo el entusiasmo
y la esperanza de la propuesta estudiantil y social de la séptima papeleta, con la idea que ella nos llevariá a superar la grave problemática socioeconómica que vivía el país. Durante
toda la década de 1980, Colombia, había asistido a una precarización de las
condiciones de vida del pueblo,y a un incremento en la violencia por cuenta del
incremento en las violaciones de los derechos humanos por cuenta de los
agentes estatales, así como de un incremento del fenómeno criminal del
narcotráfico, y también de una intensificación del conflicto armado entre el
estado colombiano y las guerrillas existentes para la década de los años 80,
panorama que había llenado de
desesperanza la sociedad colombiana, por ello el sueño de cambiar la
constitución por parte de sectores estudiantiles y movimientos sociales y populares,
albergaban la ilusión de crear una nueva carta política que permitiera lograr
la paz, generando una constitución que supera las altas tasas de desigualdad
económica, así como construir un escenario de participación política que
incluyera la diversidad sociopolítica que existía en el país.
Sin embargo nunca imaginamos que la nueva
constitución aprobada en julio de 1991, que surgió como una luz de esperanza se
fuera desvaneciendo lentamente y el país siguiera asistiendo a la degradación
de la violencia, llenando del dolor y frustración campos y ciudades.
El
contexto sociopolítico que antecede a la constitución política de 1991
En los años 80 el país conocio y su máximo
esplendor la agudización de la crisis institucional que consecuentemente
condujo a un agotamiento de los valores éticos y de la identidad nacional,
contribuyeron a esta crisis varios elementos que sin duda alguna tienen
relación con la agudización de la desigualdad económica, “… El modelo de
desarrollo económico implementado en los últimos años ha acelerado la
concentración de riquezas y beneficios, acentuado el contraste entre privilegiados
y excluidos” Angarita: página 198, de acuerdo con las cifras de la economía
nacional, el país había registrado un índice de crecimiento económico sostenido
en los últimos 30 años que en promedio significaba un 4,6% anual, una de las
tasas más altas del continente latinoamericano. Esta gran brecha económica, facilito que surgieran del seno de la sociedad
múltiples expresiones de violencia sociopolítica entre las cuales se destacan
las siguientes durante la década de los 80:
a)
Auge
del accionar de grupos guerrilleros (ELN, FARC, M 19, Quintín Lame, Autodefensa
Obrera ADO, EPL, PRT) agrupados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar,
quiens promovieron conversaciones de paz durante el gobierno del Belisario Betancur,
conversaciones que no llegaron a situaciones concretas de acuerdo, pero que
permitieron la firma de treguas unilaterales por parte de algunos grupos
guerrilleros entre 1984 y 1985.
b)
Agudizacion
de la vulneración de los derechos
humanos entendidos éstos como la actuación de agentes institucionales en la
vulneración de libertades y derechos a los ciudadanos y organizaciones sociales,
como los sindicatos, coordinadoras cívicas, organizaciones juveniles y
militantes de organizaciones de izquierda, está aguda crisis de derechos
humanos venía llamando de manera creciente la atensión de la comunidad
internacional que había realizado reiterados llamados a los gobiernos
respectivos sobre esta grave situación.
c)
La
irrupción violenta del narcotráfico, en especial los denominados carteles de
Medellín y de Cali, que promovieron enfrentamientos entre ellos y de ellos
contra el estado colombiano
d)
Crisis
de legitimidad de las instituciones motivada por el creciente fenómeno de la
corrupción y la clientelización de la política, todo esto afectado por los
recursos provenientes del narcotráfico que comprometió a múltiples
instituciones gubernamentales.
e)
La
toma y retoma del palacio de justicia en noviembre 1985 tras una acción militar
del M-19, que provocó la reacción violenta de las fuerzas militares, dejó en
evidencia un complejo panorama de violación de derechos humanos y sobre todo,
la manera en que los militares en Colombia tenían en buena medida control
político detras del poder civil.
f)
Desde
mediados de la década del 80 (1985) el surgimiento del proyecto político
alternativo Unión Patriótica y el desarrollo y la primera fase criminal
genocida contra este, dejando ver claramente la intolerancia y uso de la
violencia de la clase política contra sectores de oposición.
g)
Consolidación
del proyecto paramilitar como estrategia del estado colombiano para
contrarrestar la lucha social, que durante la década de los 80 habían mostrado
gran capacidad de movilización y de lucha. El paramilitarismo como estrategia
se presentó públicamente como un instrumento de lucha contrainsurgente, pero
realmente esto nunca fue así, si no una estrategia institucional de terror y
control social.
En medio de este panorama y ante el agotamiento
institucional y la ilegitimidad del régimen político, se dan las condiciones
para una nueva constitución, lo que se concreta en una amplia movilización estudiantil
y social a través del movimiento denominado la séptima papeleta, con el cual se “obliga” al gobierno elegido en
elecciones presidenciales de 1990, (César Gaviria) a convocar una Asamblea
Nacional Constituyente. Es necesario anotar que la campaña presidencial del 90
provocó el asesinato de tres candidatos presidenciales así: Luis Carlos Galán
Sarmiento en agosto de 1989, Bernardo Jaramillo en marzo de 1990 y Carlos
Pizarro en abril de 1990.
De esta manera se convoca la elección de una Asamblea
Nacional Constituyente en el mes de diciembre de 1990, la cual inició
actividades inmediatamente elegida y el en trascurso de seis meses, 102
constituyentes aprobaron el texto de la nueva Constitución Política de Colombia
aprobada el 4 de julio de 1991.
El
paradigma de los derechos humanos en la constitución de 1991
El sueño de la generación que impulso a finales de la década de los 80
del siglo pasado, al proponerse la transformación de la centenaria Constitución
Colombiana de 1886, que no interpretaba la realidad del país, no era otro que,
dotar a la nación de una herramienta, que serviría para derrotar la violencia
que precisamente durante la década de los 80, con un país tomado por las mafias
del narcotráfico, el pleno desarrollo paramilitar y graves violaciones a los
derechos humanos, y así mismo, consolidara la democracia como mecanismo para
afrontar los retos del siglo XXI.
No obstante, la revolución pacifica que provoco la nueva constitución de
1991 (Julio 4), con la creación de una nueva manera de concebir la sociedad
colombiana, en especial, al establecer un importante catalogo de derechos
fundamentales, la creación de la acción de tutela, el reconocimiento de los de
los derechos políticos a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, a
mujeres y jóvenes, concebir la libertad religiosa y la configuración de un
nuevo concepto de soberanía, la que recae ahora en el pueblo, se
lograría entonces superar décadas de guerra y violencia.
Sinnembargo, esto no se logro concretamente, al mantener intacto el
régimen económico del país, e incluso, fortalecer el desarrollo del modelo
económico neoliberal, que como hoy se reconoce, ha profundizado la
pobreza y la decadencia económica del país, que se postro impávido a los
intereses y rapiña de transnacionales y Banca Internacional.
Sin embargo, lo importante no es lo escrito, si no los resultados, 25
años después, la constitución del 1991, deja un sin sabor o una sensación
encontrada entre el regocijo de haber sido parte de este de este momento, desde
el movimiento de la séptima papeleta, que le impuso a la clase política de ese
entonces, la necesidad de convocar una asamblea constituyente que lograra la
Paz anhelada por el Pueblo Colombiano. Pero también llega la sensación de
frustración, por no haber concretado este sueño colectivo.
Ciertamente la constitución del 91, deja ese vacío al constatar que no se logro, ni la Paz, ni la
mejoría de la situación de Derechos Humanos, ni disminuyo la pobreza,
básicamente la constitución del 91, abrió las puertas del país para
el desarrollo pleno del Neoliberalismo y con el entrega del país a
mezquinos intereses de transnacionales, que impusieron un régimen
laboral que condujo, al desempleo, la inestabilidad, la tercerización, al mismo
tiempo la privatización que se impuso, acelero la espiral de la violencia, se
acentuó el modelo paramilitar, utilizado para acelerar el despojo de las
tierras y territorios del campo y los campesinos, que ha afectado a más de ocho
millones de colombianos.
Este esquema de privatización y violencia se ha venido incrementando en
estos 25 años y aunque se realizaron procesos de paz con las insurgencias,
estos no prosperaron porque las clases dirigentes no aceptaron discutir o
modificar el modelo económico que se aplica para el país. Salvo el proceso que
inicio en 2012 entre el gobierno Santos con la guerrilla de las FARC, que
culmino con la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2016, y el proceso de
dialogo que se adelanta con el ELN por el mismo presidente, en el pasado todos
los procesps de paz fracasan en medio de graves panoramas de vulneracion a los
derechos humanos.
La constitución política del 91 creó un escenario inédito, “… en abierto
contraste con la carta política que la precedió, la constitución del 91 se
caracteriza por el énfasis dado en su parte dogmática al reconocimiento de los
derechos humanos. Tal enfasis vincula nuestra nueva normativa constitucional a
ese movimiento ideas y de actitudes en favor de la dignidad humana…” defensoría
del pueblo textos de divulgación #11:1995, pag13.
Lo que sucedió entonces fue que la constitución fue una carta de
derechos en la que se incluyeron todo el decálogo de derechos reconocidos
universalmente hasta la fecha, así, la constitución política nacional, reconoce
los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, contenidos el
titulo segundo de la carta política, de manera particular se destacarse la
expresión consagrada en el artículo 85 de la constitución en la que se “…advierte
que son de aplicación inmediata los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37 y 40, es decir de
adjudicación directa cuando a solicitud de su titular pueda aplicarse a una
concreta y determinadas sin que el legislador haya definido su objeto y su
límites…” Madrid Malo:1995, pag 19. Esta situación constituye sin duda alguna
un avance en materia de reconocimiento derechos que el país no había conocido
en el pasado.
“La carta política de Colombia, con justa razón, ha sido calificada por
varios observadores internacionales como de las más avanzadas del mundo en
materia de derechos humanos, en tanto que consagra las tres generaciones de
derechos humanos e incluso derechos como el de la paz que algunos ubican dentro
de lo que sería una cuarta generación de los derechos humanos” Angarita:1995,
pag 200.
No obstante esta clara manifestación en favor de los derechos humanos,
la misma constitución, al mismo tiempo
aprobó los términos que favorecían la instalación en el país, del modelo
económico desarrollo neoliberal, lo que sin duda alguna favoreció el interés
desmedido de las elites dominantes, empresas transnacionales y conglomerados
económicos de todo tipo, para aprovechar estas condiciones e impulsar con la “lógica
del capital”, mayores ganancias, menores riesgos económicos, al menor tiempo
posible.
De esta manera y mientras se consolida la nueva institucionalidad creada
por la constitución política nacional de la sociedad estaba embelesada por las maravillas de
“tener la mejor constitución del mundo”, los grupos económicos, sectores
financieros y mafias de toda laya, hicieron lo posible por asaltar la economía
nacional y saquear las fuentes de riqueza del país, se vinieron entonces oleadas
de privatización de empresas estatales,
se privilegio la privatización de la salud y se incrementó todo la violencia
estatal, paramilitar y del narcotráfico en múltiples regiones del país, lo que trajo como
consecuencia un aumento en las cifras de violencia particularmente de
desplazados internos, que en un primer momento to parecían una extensión de la
violencia sociopolítica, pero que después quedó evidenciado como un fenómeno de
desplazamiento de personas y comunidades enteras para apropiación de tierras y
territorios llenos de riquezas, entre las que se encuentran recursos minero
energéticos, tierras para el desarrollo de la agroindustria, y con importantes
recursos hídricos, así como solas para expansión de los cultivos de uso
ilícito. También se incrementaron las cifreas de masacres, secuestros,
desapareciodos, mutilaciones por efectos de minas anti persona, también
aumentaron las cifras de violencia contras las mujeres.
Hoy no es difícil señalar que la constitución política de 1991 fue una
colcha de retazos, que si bien satisface a sectores sociales que reclamaban la
instalación de un régimen que elevara a rango constitucional los derechos
humanos, también dio un juego libre a capitalistas que necesitaban carta
abierta para un modelo económico que
superara los inconvenientes que les daba desde el punto de vista
económico el estado regulador, que ya les resultaba estrecho y requerían hacer
a un lado, para impulsar un modelo de libre competencia, libre mercado a fin de
maximizar la rentabilidad y quizá por ello, terminó privilegiandose la voluntad
de los empresarios e inversionistas que acompañados de un modelo político
violento y la impunidad, ahogo la carta de hechos, que desde un comienzo, tuvo toda
la dificultad para desarrollarse, por cuenta de la falta de voluntad política
de los gobiernos y poco interés en aportar los recursos económicos que
permitieran garantizar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
El resultado final lo conce el país, durante 25 años de la constitución
política del 91 la violencia sociopolítica ha persistido e incluso en algunos
momentos se ha incrementado, la impunidad, la corrupción y el poder de las
mafias siguen siendo una constante en la realidad política del país.
La
persistencia de la violencia y Acuerdo de paz,
una nueva esperanza?
Después de un año de frimado el acuerdo de paz y una paquidérmica
implementación de los mismos, el país entro en un extraño proceso que transita
entre la esperanza de la paz, y el intento de ciertos sectores de prolongar la
guerra, la violencia, y el miedo como instrumento de dominación de la voluntad
popular. Este fenómeno se ha manifestado en múltiples formas, entre las que se
pueden identificar, el proselitismo fundamentado en la mentira sobre el
acuerdo de géneros, la ofensiva legislativa que pretende salirle al paso al acuerdo
agrario y la campaña mediática pretendiendo señalar el acuerdo de paz como un
ejercicio de impunidad y beneficios “extraordinarios” para los
guerrilleros de las FARC –EP. Al mismo tiempo que se desata en zonas de
influencia de las FARC, una oleada de amenazas, agresiones y asesinatos contra
líderes sociales y populares, particularmente vinculados a la defensa del
territorio, el agua y la lucha campesina.
Es bueno señalar que los ataques contra el Movimiento Social y popular
de oposición al establecimiento, ha sido una constante en los últimos 60
años de historia del país, motivada por una matriz anti-comunista
desarrollada por el estado colombiano, como parte de la guerra contra
insurgente promovida desde el gobierno Norteamericano, con la cual se impulsó
el exterminio del movimiento gaitanista, la continua y sistemática persecución
al Partido Comunista; la liquidación del movimiento campesino y cívico en
los años 70, seguido por una campaña de desprestigio y estigmatización contra
el movimiento sindical, juvenil y de derechos humanos, que posteriormente se
tradujo en la creación del paramilitarismo y el genocidio contra la
UP, A Luchar y el frente Popular y todo aquello que representara
una amenaza, contra las políticas económicas y anti-democráticas, pretendidas
por el gobierno, de este plan no escaparon ni comunidades religiosas, ni
el movimiento de mujeres, que también fueron y son discriminadas por el estado
atreves de organismos de inteligencia como el DAS entre otros; así como su
Para-estado ilegal el paramilitarismo.
Sin embargo y reconociendo que el asesinato de líderes sociales es una
constante en la historia reciente del país, es necesario caracterizar la actual
oleada de homicidios y amenazas, como un plan bien orquestado, desde
sectores de las fuerzas militares, la ultra-derecha y seguramente grupos
económicos, a quienes no les conviene el avance del actual proceso de paz, por
cuanto ven amenazados los intereses político-económicos, con el impulso de la
implementación del acuerdo de paz, en especial el papel de las víctimas en la
conformación de la comisión verdad, que permitirá que el país se aproxime
al conocimiento de la verdad histórica, y en la concreción del acuerdo de
Reforma Rural Integral que podría amenazar sus riquezas adquiridas ilegalmente
en el desarrollo de la guerra. Esta nueva fase de asesinatos se inscribe
entonces en el miedo que provoca a las elites vinculadas a la guerra contra el
pueblo si el nuevo acuerdo final firmado el 24 de noviembre de 2016 se
empieza a cumplir tal como está escrito.
Amenazas y asesinatos, tienen el macabro propósito, de hacerle creer a
comunidades, organizaciones y militantes, que se puede repetir el genocidio
contra la UP, la intención es en todo caso, generar miedo y de alguna manera
contrarrestar la simpatía que pueda traer el nuevo proyecto político de
las FARC.
Tanto el acuerdo de paz firmado con las FARC como el proceso de dialogo
que actualmente se desarrolla con el Ejército de Liberación Nacional, son
mecanismos que deben contribuir a fortalecer el ejercicio político, el debate
de las ideas y una revitalización de la constitución política, para lo cual el
contenido del acuerdo final de paz suscrito entre Gobierno y las Farc establece
uno hoja de ruta en materia legislativa, que de cumplirse lo pactado, estaría
dando pleno desarrollo al espíritu garantista establecido en la constitución de
1991 y que debido a múltiples circunstancias políticas, sociales y económicas
no fueron concretadas, y por el contrario, el desconocimiento de ese espíritu
hacen tuvo las cifras de violencia en el país. Sin embargo si el parlamento
colombiano continuar con la actitud, mostrada hasta este momento, al negarse a
dar los desarrollos democráticos para cumplir lo pactado, las organizaciones
sociales la academia y en General la sociedad, deberán apoyarse en el mecanismo
de la asamblea nacional constituyente para convertir en normas, no sólo lo
pactado entre gobierno y las insurgencias, si no entre otros aspectos el debate
sobre el modelo de desarrollo, la modificación al modelo de justicia, la
superación de las desigualdades económicas y la transformación del modelo
educativo del país. Si la clase política no es capaz de comprender la necesidad
de impulsar transformaciones democráticas, para superar décadas de violencia y
tierra en el país,, es obligación del constituyente primario, apelar a los
instrumentos democráticos consagrados en la normativa internacional para
superar esa violencia y conquistar la sociedad democrática y civilizada que
requiere el país.
Conclusiones
La constitución política de 1991 se hizo pequeña e inadecuada para
superar los graves conflictos de la sociedad colombiana, la responsabilidad de
poner fin a esta criminal practica de usar las armas para hacer política es del
gobierno y el estado colombiano, para ello hace falta una acción más decidida
de desmonte del paramilitarismo, lanzando una política de persecución a su
estructura militar, judicialización y sanción penal a sus miembros y
conocimiento de la verdad de toda la estructura económica y social que soporta
la existencia de este para estado, igualmente, hay que perseguir el andamiaje
económico, que soporta la corrupción, narcotráfico y redes de micro y narcotráfico
en el que se sustenta el para militarismo.
También es necesario que el gobierno impulse una acción política para
respaldar la labor de los y las, luchador@s sociales, sin duda también es
necesario que se fortalezca la acción de la justicia para determinar y
criminalizar a los responsables materiales e intelectuales de esta oleada de
miedo en los territorios, hace falta igualmente que la acción de protección de
personas y comunidades amenazadas exista sea mucho más eficaz de los que hasta
ahora lo ha sido.
No menos importante es el fortalecimiento de los procesos organizativos
y comunitarios, que permita a las organizaciones entender la complejidad y
trascendencia de este momento histórico, y así desarrollar una movilización
política más articulada y sistemática en favor de la paz con justicia social,
de lo contrario estará el país asistiendo a la perdida de oportunidad de terminar
la guerra, exigiendo profundizar los diálogos con el ELN y detener toda la
política social y económica que promueve el propio gobierno neoliberal de Juan
Manuel Santos, y estaríamos a una forma de arruinar el proceso de paz, en un
FAST TRACK.
El país requiere una clase política capaz de introducir desarrollos
democráticos en la constitución política, hasta la fecha está ha demostrado sin
faltar en consecuencia con el máximo bien de la sociedad como lo puede ser el
logro de la paz, en este sentido corresponde a la ciudadanía la movilización
política para exigir el cumplimiento del espíritu de la constitución del 91 en
el sentido de brindar las garantías a la sociedad para el logro de la paz.
Bogota 17 de
diciembre de 2017.
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