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60 años de conflicto armado y el papel de los movimientos sociales en el logro de la paz.

El problema agrario en Colombia: 60 años de conflicto armado y el papel de los movimientos sociales en el logro de la paz.
Por: Alfonso Castillo Garzón
Defensor de Derechos Humanos

Causas y surgimiento de la lucha armada en Colombia.

El país completa 60 años de conflicto social armado, inicia con el asesinato el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, tras este hecho,  originado en la decisión de las clases dominantes colombianas de cerrarle el camino a opciones políticas distintas que planteaban alternativas populares, que proponían incorporar cambios sociales y económicos en la forma de conducir el país,  vino un largo y doloroso conflicto social y armado, que tuvo su primera expresión en la denominada violencia liberal-conservadora, y en la cual fueron asesinados más de 300.000 colombianos, y desplazados millones de campesinos de las zonas planas, de los departamentos del Valle del Cauca, Tolima Grande, Llanos Orientales, sabanas de la Costa Atlántica. Violencia que se impuso por los sectores más reaccionarios vinculados  a terratenientes y oligarquías asociadas a sectores industriales norteamericanos, promovieron esta, para apropiarse de millones de hectáreas las cuales destinaron al desarrollo de proyectos agroindustriales mecanizados, para el cultivo de la caña de azúcar, el arroz, el sorgo, el algodón, productos requeridos en gran volumen por la gran industria norteamericana de la post guerra.

Después de este periodo sobrevino en el país un “acuerdo” desarrollado por las élites que habían promovido la violencia para crear un modelo “democrático” conocido como el Frente Nacional, el cual significó el acuerdo en la alternancia del poder y la repartición paritaria de los cargos públicos del Estado Colombiano entre el partido liberal y conservador, que significó exclusión política, y el desarrollo de un modelo económico qué privilegio el apoyo al sector agroindustrial y terrateniente dejando de lado el apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas del país, mientras se mantenía el modelo represivo en campos y ciudades.

En este  marco, que facilito y promovió el despojo de tierras de campesinos, que habían cumplido los acuerdos para la desmovilización de las guerrillas liberales del llano, asesinando a los principales dirigentes de ese proceso, y el impulso de un modelo militarista promovido por el gobierno de los Estados Unidos, con el cual se promovía la tesis de la lucha contra el enemigo interno para derrotar la influencia del comunismo internacional en Colombia, allí debe ubicarse el surgimiento de la lucha armada a mediados de la década del 60, cuando un sector del movimiento campesino, decide crear grupos de autodefensa, para oponerse a esta política surgida de las clases dominantes y luchar por el derecho el campesinado a poseer, usufructuar y desarrollar un modelo autónomo de economía campesina, deciden crear las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC), en el año de 1964, posteriormente se crean  también la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN 1965), el Ejército Popular de Liberación ( EPL 1967) y la guerrilla urbana del M - 19 (1972), así como el surgimiento de otras pequeñas expresiones guerrilleras, asociadas al movimiento indígena, estudiantil y obrero.

El décadas 70 – 80 del desarrollo de la lucha armada y el movimiento social, al modelo represivo estatal y paraestatal.

Tras el auge de las luchas guerrilleras particularmente las vinculadas a la reivindicación de los sectores campesinos, el país asistió a un resurgimiento de los movimientos sociales particularmente el estudiantil, el campesino, también el movimiento obrero, los pobladores urbanos que buscaban tierras para dar solución a su derecho ala vivienda y en la década del 80 un sinnúmero de movimientos comunitarios que reivindicaban y exigían del estado colombiano solución a graves problemáticas:  vías públicas, servicios públicos, salud, educación, inversión social.

Esta vitalización del movimiento social, en la conflictividad y en todo caso de las luchas populares incluidas importantes conquistas del movimiento indígena y el crecimiento a lo largo y ancho del país de grupos insurgentes, encontraron como respuesta el Estado, una fuerte criminalización y represión especialmente en regiones de influencia campesina, pero también con el desarrollo del prácticas como la desaparición forzada, la tortura y las detenciones arbitrarias, especialmente contra el movimiento estudiantil,  sindical y los sectores de oposición política, especialmente simpatizantes  del movimiento 19 de abril, el Partido Comunista, y sectores políticos influenciados por ELN y el EPL. Tal represión se intensificó después del exitoso paro cívico nacional del año 1977.

El gobierno y las clases dominantes respondieron a esta creciente ola de movilizaciones sociales y populares, también con el desarrollo de un proyecto criminal paraestatal, que posteriormente se dio a conocer como paramilitarismo, este proyecto criminal, que tenía como tarea principal eliminar físicamente al movimiento social popular (obrero, estudiantil y campesino) y a la oposición política, fue potenciado y complementado, con el naciente fenómeno del narcotráfico, el cual irrumpió una política colombiana, inyectando fuertes sumas de dinero, que terminaron afectando toda la esfera del estado, la política e incluso sectores sociales, aceitando toda la maquinaria de guerra, con el  ánimo de controlar territorial y políticamente amplias zonas del país para el desarrollo de los cultivos de uso ilícito en primer lugar de la marihuana y posteriormente de la hoja de coca, para la producción de cocaína.

Con este ambiente de militarización de la sociedad, fuerte presencia de grupos paramilitares en distintas regiones del país, que trajeron como primer resultado violaciones a los derechos humanos,  sobrevino el comienzo de la desarticulación del movimiento social y popular. En último periodo de estas dos décadas, hubo importantes movilizaciones, alentadas sin duda alguna por los procesos de negociación y diálogos promovidos por la Coordinadora Nacional Guerrillera, la cual integraban los movimientos insurgentes FARC - EP, ELN, EPL, M-19 entre otros. De estos procesos, se destaca el surgimiento de movimientos políticos como la Unión Patriótica,  A luchar y el Frente Popular, de conjunto el periodo culmina con una fuerte dinámica social y popular reclamando profundas transformaciones sociales políticas y económicas y logrando imponerle al Estado Colombiano la realización de una Asamblea Nacional Constituyente la cual se realizó en el año de 1990.

Años 90, paz frustrada, narcotráfico, nueva constitución, agudización y desnaturalización del conflicto y crisis humanitaria.

Los 90 inician con la sensación de no haber aprovechado en la década anterior las oportunidades que hubo para dar por terminado el conflicto armado, al tiempo que se abren nuevas esperanzas con la consolidación de un movimiento que dio vida a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, la cual culminó con la aprobación de la Constitución Política de 1991, la que fue bautizada como la constitución de la paz, sin embargo, y considerando que este instrumento fue un importante avance en materia de reconocimiento de los derechos humanos y sociales del pueblo Colombiano, también hizo importantes concesiones al desarrollo de una política económica neoliberal, al tiempo que no fue capaz de diseñar mecanismos eficaces y eficientes para contener el ascenso del narcotráfico que para la época ya habia permeado todo el aparato del estado especialmente las prácticas políticas, acentuando la corrupción, clientelismo y mafias.

Así, rápidamente el entusiasmo por el impulso e implementación de la Constitución Política del 91, se fue convirtiendo en el escenario propicio para que se impusiera, el modelo económico neoliberal, que trajo como consecuencia inmediata, el desmonte del estado social de derecho y abrió el camino, para que en el campo Colombiano se intensificará el conflicto, en una disputa territorial entre mafias del narcotráfico, grupos paramilitares, fuerza pública y grupos insurgentes, en tal confrontación sólo perdieron las organizaciones campesinas, el proyecto economía campesina y por supuesto la producción de alimentos para el país. El resultado inmediato, millones de desplazados que tuvieron huir a las grandes ciudades, en busca de refugio, el cual no encontraron porque el estado fue incapaz de atender la grave crisis humanitaria, que aún hoy continúa.

El conflicto armado Colombiano, sirvió como excusa perfecta, para que las clases dominantes Colombianas, en asocio con las trasnacionales de la minería, sector energético, de alimentos y el sector financiero, desarrollarán un proyecto de despojo en amplias regiones del país, para apropiarse de territorios enteros, en los cuales existen enormes riquezas naturales, especialmente recursos minero energéticos, como, carbón, gas, oro, petróleo, e incluso de amplias regiones cultivadas con Palma aceitera, o maderables, hasta zonas productoras de agua requerida para la explotación petrolera y aurífera, pero también para la generación eléctrica y producción de agua potable.

El desarrollo de este proyecto criminal, se facilitó  dado que el proyecto paramilitar, había sembrado de terror y miedo a amplios sectores de la sociedad colombiana,  ante lo cual el Estado Colombiano, guardó silencio, fue cómplice y facilitador para el desarrollo y agudización del conflicto, que para este periodo, ya a se catalogaba como grave crisis humanitaria.

Siglo XXI Autoritarismo y crisis del modelo político – económico – social.

Las clases dominantes, ante las exigencias del gobierno en los Estados Unidos, de profundizar la guerra contra el narcotráfico, aprovecharon los recursos provenientes de este país, para crear un ambiente nacional que demonizo la lucha insurgente, a asociaba toda lucha social por la exigencia del cumplimiento los derechos humanos y a la garantía de mínimos derechos sociales consagrados en la Constitución Política, como proclives al terrorismo y la lucha guerrillera. Fueron los tiempos de el embrujo autoritario, de la seguridad democrática, de la legalización e impunidad, a los crímenes cometidos por los agentes estatales y el proyecto paramilitar, pero también, fueron los periodos de la legalización del despojo de seis millones de hectáreas, usurpadas a campesinos pobres a lo largo y ancho del país, fueron los tiempos del desarrollo intensivo del modelo de minería a cielo abierto por la explotación de los recursos minero energéticos, sin el mínimo respeto por el medio ambiente y las comunidades que alrededor de ellos vivían.

Al mismo tiempo, paramilitarismo y narcotráfico, hicieron presencia abierta en amplios sectores del aparato el Estado Colombiano, incluido el Congreso de la República, la Rama Jurisdiccional, y por supuesto la Rama Ejecutiva, gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas e  incluso la casa de Nariño. Se desconoció la existencia el conflicto, también se negó la existencia de las víctimas del mismo, se promovió la violación de los derechos humanos, por parte de la fuerza pública, chuzadas, e interceptaciones ilegales de las comunicaciones, desapariciones forzadas, criminalización de la protesta social, montajes judiciales y detenciones arbitrarias contra líderes sociales y opositores políticos, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y particularmente la práctica conocida popularmente como falsos positivos, fueron sistemáticas durante ocho años del gobierno autoritario. Por supuesto ni el tema de la paz, ni posibilidades para que el movimiento social y popular desarrollará su actividad en procura de las transformaciones sociales, políticas y económicas que demandaba el conjunto de la sociedad Colombiana, tuvieron cabida en este periodo.

Tiempos presentes: un nuevo esfuerzo por la paz.

Hoy a  60 años de conflicto armado, y  múltiples conflictos sociales, culturales y políticos, ante un estado y prácticas políticas en crisis total de credibilidad, se han abierto nuevas posibilidades para la construcción de caminos de solución al conflicto armado a través del diálogo, en esta ocasión y desde el año 2012 con la guerrilla de las FARC-EP, a través de un acuerdo que se ha propuesto para  la discusión de seis puntos para la terminación del conflicto armado, sin embargo éste proceso requiere la continuidad del mismo en medio de la declaratoria de cese bilateral del fuego, que el gobierno se ha negado a declarar, a pesar de que la guerrilla de las FARC- EP  lo ha hecho en tres oportunidades durante el periodo de diálogos. Igualmente se requiere la vinculación de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. Así, mismo es necesario que el gobierno de Juan Manuel Santos, procure desarrollar una política que permita el desmonte los grupos paramilitares que siguen actuando a sus anchas en todo el territorio nacional.

Papel de los movimientos sociales: Paz con justicia social, organización, concientización, movilización y poder local.

Finalmente, es necesario reiterar,  no sin dejar de saludar la importancia del proceso de diálogos que actualmente se adelantan en la Habana Cuba, y de los acuerdos parciales obtenidos hasta la fecha, especialmente en el desarrollo del primer punto del agenda sobre la solución a la problemática agraria del país, así como,  los acuerdos logrados en el tema de participación política y de cultivos de uso ilícito, es necesario que el movimiento social y popular, profundice su compromiso con el respaldo al proceso de diálogos, exigiendo que estos se desarrollen con el conjunto el movimiento insurgente, así como la exigencia para que los mismos se adelanten bajo la condición de cese bilateral de fuegos y hostilidades. Igualmente, el movimiento social y popular tiene el desafío de construir una agenda de diálogo con el gobierno nacional para discutir y encontrar alternativas de solución a graves problemáticas que vive la sociedad Colombiana,  particularmente relacionados con el modelo desarrollo económico, que permita la construcción de un modelo social, y económico incluyente, también es necesario exigir la renegociación de los Tratados de Libre Comercio, el impulso de un proyecto de nación soberana y autónoma. El compromiso del estado Colombiano por el respeto pleno a los derechos humanos y el desarrollo de una política pública que garantice para las víctimas del conflicto armado, verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y desmonte de la impunidad reinante.

Esta pretensión, tiene como fundamento, el resurgimiento el movimiento social que desde el año 2010 ha tomado como bandera fundamental  la movilización social y política, en este sentido en este periodo de los últimos cuatro años, han sido importante las movilizaciones del campesinado Colombiano que en varia oportunidades han realizado gigantescas actividades políticas,  tanto en Bogotá, como en diversas capitales del país, protagonizaron un gigantesco paro agrario y popular en los meses de agosto y septiembre del año 2013, lo que ha consolidado una importante coordinación con diversas organizaciones de los sectores campesinos, afro descendientes, indígenas y populares.

Igualmente han sido importantes las movilizaciones del estudiantado Colombiano que han recobrado la esperanza y la lucha de diferentes sectores. También se destaca movilizaciones de las mujeres que han exigido en las calles y a través de una intensa agenda política, poner fin al conflicto armado. Se ha movilizado de la misma manera el movimiento indígena, sectores sociales y populares que demandan transformaciones económicas y solución a graves problemáticas, de vías públicas, servicios públicos, restablecimiento de los derechos de las víctimas, protección al medio ambiente, problemáticas estas,  que en todo caso denuncian el abandono el estado Colombiano, y dejan en evidencia que el país real, contrasta  con el discurso oficial del gobierno, Colombia hoy no es, ni es más moderno, ni más seguro, ni más equitativo. Este país sólo será posible con la construcción de un movimiento unitario del movimiento social y popular del país, con la contundencia y la fuerza necesarias, para terminar el conflicto armado, y afrontar desde una perspectiva democrática y popular la solución a los graves conflictos sociales y económicos, que históricamente han atravesado la sociedad Colombiana, y que han negado el derecho al pueblo de vivir en paz, con justicia social  y desarrollo pleno de la democracia moderna y participativa.

Bogotá, Mayo 30 de 2014.

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