Organizar, coordinar y movilizar a las víctimas por el restablecimiento
pleno de los derechos, es condición para el logro de la paz duradera y estable
El papel de las organizaciones de víctimas en la presente coyuntura y
el post acuerdo. Colombia vive en los actuales momentos una situación compleja
e interesante, que exigía organizaciones sociales y populares y de víctimas en
particular, un análisis cuidadoso de los elementos que se disputan y definen en
este momento tan trascendental para la sociedad Colombiana y en especial para
los millones de víctimas del conflicto social, político y armado que han
afrontado múltiples violaciones a los derechos humanos y ahora pueden concretar
los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, y garantías de no
repetición.
No obstante este significativo momento en el que los diálogos del
gobierno de Juan Manuel Santos, con las guerrillas de las FARC-EP y el ejército
de liberación nacional van por caminos que permiten prever escenarios más
favorables para el logro de la solución política negociada al conflicto armado,
no dejan de tener sobresaltos y preocupaciones sobre los cuales es necesario mantener
una actitud observante. Al mismo tiempo que se dan estos importantes
desarrollos, el país asiste a un fortalecimiento del discurso y toma de
posiciones políticas por parte de la de ultraderecha colombiana, encabezadas
por Álvaro Uribe Vélez vs, y secundadas por la congresista María Fernanda Cabal
y Alejandro Ordóñez, quien desde la procuraduría General de la Nación atiza
toda la artillería jurídica contra los eventuales logros en las negociaciones
con la guerrilla.
Al mismo tiempo el Gobierno de Santos afila toda la maquinaria
parlamentaria para continuar legislando en contravía de lo mandatado el 15 de
junio del 2014 cuando los colombianos reeligieron la paz con justicia social y
transformaciones democráticas, a ello el gobierno ha hecho caso omiso, así, con
las mayorías parlamentarias le da la espalda a la prometida reforma al sistema
de seguridad social y sigue favoreciendo las trasnacionales que han hecho de la
salud el gran negocio, igual sucede con la reforma a la educación superior la
cual se niega a implementar en los términos acordados con el movimiento
estudiantil, que ahora retoman las calles para demandar el cumplimiento a lo
construido colectivamente.
Igual acontece con el desarrollo de la locomotora minero energética,
que da pedal al medio ambiente dejando miseria y daños ambientales
irreversibles en el territorio colombiano, como se viene denunciando por muchas
comunidades ante el anuncio gubernamental de la exploración y búsqueda de
hidrocarburos a través de la nefasta y prohibida técnica del frackin.
A esto se debe sumar todo el paquete legislativo que pretende
profundizar la impunidad, al recuperar el fuero de militares implicados en
crímenes de Lesa Humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, al
tiempo que se favorece toda la política de espionaje contra defensores de
derechos humanos, periodistas, organismos internacionales de derechos humanos,
magistrados, negociadores de la paz, ante lo cual el gobierno se hace el de la
vista gorda y a pesar de los escándalos por estos hechos continúa brindando
pleno respaldo al que es desde el gobierno el principal enemigo del proceso de
diálogos con las insurgencias el ministro de guerra Juan Carlos Pinzón.
Quizá el hecho más preocupante es el debate en torno a la denominada
reforma de equilibrio de poderes que sólo es una colcha de retazos que en nada
amplía las garantías para que las fuerzas políticas minoritarias accedan a los
espacios de poder, mientras fortalece a quienes han ejercido el poder político
por décadas en el país.
En igual sentido el gobierno Santos no se atreve a dar inicio a las
mesas de trajo establecidas con el campesinado desde la cumbre agraria, un
año a trascurrido desde que se logrará
los primeros acuerdos tras el multitudinario paro agrario, y el gobierno sigue
dilatando el inicio de las mesas para concretar y materializar lo pactado con
el campesinado.
En el fondo hay que decir, que el gobierno continúa con la idea del
logro de la paz sin que ello implique cambios en el modelo político y
económico, anhelan las clases gobernantes del sector qué quiere un acuerdo
negociado, que las guerrillas se desmovilicen y el país siga por lo mismo. Y
aunque se reconoce que este sector hace un esfuerzo para el impulso del proceso
de diálogos, y resiste toda suerte de presiones del sector de las clases
dominantes que continúan soñando desde la ultraderecha con la derrota militar
de la insurgencia, vociferando cada vez con más fuerza y virulencia, cuando se
anuncian logros y avances en los diálogos.
Más allá de esta breve radiografía, las organizaciones de víctimas
entre otras, deben entender el papel que se debe jugar en este momento, de no
ser así, sería fácil caer en la “arenas movedizas”, que trae implícito el
discurso mediático del “pos conflicto”, con el cual el gobierno de Juan Manuel
Santos y los medios de comunicación a su servicio pretenden hacer creer que el
único problema que tiene el país en la existencia del conflicto armado,
negándose a reconocer que en el país subyacen
y se anteponen múltiples conflictos sociales, culturales, económicos
derivados entre otras, en largos períodos de exclusión social, profundización
de las diferencias e inequidades sociales y económicas, así como de una
práctica política vinculada a la violencia sistemática ejercidas desde el poder
para mantener privilegios económicos.
Por tales razones, es urgente que las organizaciones de víctimas y de
derechos humanos impulsen las siguientes acciones entre otras:
1.
Hacer
mucha pedagogía sobre el actual momento, la importancia de defender los diálogos
de paz, conocer y divulgar lo acordado y ganar mayores respaldos populares a la
idea de mantener los diálogos, lograr el cese bilateral y avanzar en el proceso
con el Ejército de Liberación Nacional e incorporar en esta tarea al ejército
popular de liberación.
2.
Trabajar
en el estudio de los documentos hechos públicos de lo acordado en la Habana.
3.
Construir
el pliego de exigencias de las víctimas,
que pasa por:
a)
Modificar
la ley de víctimas y lograr verdadera reparación y restitución.
b)
Mejorar
los montos de la indemnización
c)
Ampliar
el presupuesto para vivienda gratuita para las víctimas del conflicto armado
d)
Mejorar
la atención a las víctimas, en todas las oficinas encargadas de ello.
e)
Conformar
una comisión de la verdad histórica donde las victimas estén ampliamente
representadas.
f)
Modificar
el sistema de conformación de las mesas de participación de víctimas.
g)
Mejorar
el acceso de mujeres, niños, discapacitados, indígenas, afro
descendientes, y adulto mayores a todas
las medidas de reparación, restitución y atención integral.
4.
Articular
esfuerzos con otros procesos que luchan por el medio ambiente y para detener la
locomotora minero energética, igualmente con organizaciones que promueven la
renegociación de los tratados de libre comercio.
5 Este
momento es para fortalecer los procesos organizativos que permitan construir
los pliegos de exigencias que hagan posible la paz con justicia social,
ampliación de la democracia y el desmonte de la impunidad, así como el desmonte
de los grupos paramilitares que siguen ejerciendo su acción criminal a lo largo
y ancho del país, esto supone exigir al gobierno superar todas las causas que
originaron y desarrollaron el conflicto armado en Colombia
6 Abogamos
no por el post conflicto, sino por el pos acuerdo, para exigir, movilización de
lucha, la paz duradera y estable que se logra superando las desigualdades
económicas y sociales ampliando la democracia y construyendo un país con
soberanía.
Así, la tarea de ANDAS y sus afiliados, es contribuir a la lucha, hacer
visible la exigibilidad de los derechos de las víctimas del conflicto social,
económico y armado, para ello hay que apelar a la coordinación, la articulación
y la movilización de todas las rebeldías.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
ANDAS
Bogotá 6
de noviembre de 2014
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