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ORIENTANDAS No.9



Organizar, coordinar y movilizar a las víctimas por el restablecimiento pleno de los derechos, es condición para el logro de la paz duradera y estable

El papel de las organizaciones de víctimas en la presente coyuntura y el post acuerdo. Colombia vive en los actuales momentos una situación compleja e interesante, que exigía organizaciones sociales y populares y de víctimas en particular, un análisis cuidadoso de los elementos que se disputan y definen en este momento tan trascendental para la sociedad Colombiana y en especial para los millones de víctimas del conflicto social, político y armado que han afrontado múltiples violaciones a los derechos humanos y ahora pueden concretar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, y garantías de no repetición.



No obstante este significativo momento en el que los diálogos del gobierno de Juan Manuel Santos, con las guerrillas de las FARC-EP y el ejército de liberación nacional van por caminos que permiten prever escenarios más favorables para el logro de la solución política negociada al conflicto armado, no dejan de tener sobresaltos y preocupaciones sobre los cuales es necesario mantener una actitud observante. Al mismo tiempo que se dan estos importantes desarrollos, el país asiste a un fortalecimiento del discurso y toma de posiciones políticas por parte de la de ultraderecha colombiana, encabezadas por Álvaro Uribe Vélez vs, y secundadas por la congresista María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez, quien desde la procuraduría General de la Nación atiza toda la artillería jurídica contra los eventuales logros en las negociaciones con la guerrilla.

Al mismo tiempo el Gobierno de Santos afila toda la maquinaria parlamentaria para continuar legislando en contravía de lo mandatado el 15 de junio del 2014 cuando los colombianos reeligieron la paz con justicia social y transformaciones democráticas, a ello el gobierno ha hecho caso omiso, así, con las mayorías parlamentarias le da la espalda a la prometida reforma al sistema de seguridad social y sigue favoreciendo las trasnacionales que han hecho de la salud el gran negocio, igual sucede con la reforma a la educación superior la cual se niega a implementar en los términos acordados con el movimiento estudiantil, que ahora retoman las calles para demandar el cumplimiento a lo construido colectivamente.

Igual acontece con el desarrollo de la locomotora minero energética, que da pedal al medio ambiente dejando miseria y daños ambientales irreversibles en el territorio colombiano, como se viene denunciando por muchas comunidades ante el anuncio gubernamental de la exploración y búsqueda de hidrocarburos a través de la nefasta y prohibida técnica del frackin.



A esto se debe sumar todo el paquete legislativo que pretende profundizar la impunidad, al recuperar el fuero de militares implicados en crímenes de Lesa Humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, al tiempo que se favorece toda la política de espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas, organismos internacionales de derechos humanos, magistrados, negociadores de la paz, ante lo cual el gobierno se hace el de la vista gorda y a pesar de los escándalos por estos hechos continúa brindando pleno respaldo al que es desde el gobierno el principal enemigo del proceso de diálogos con las insurgencias el ministro de guerra Juan Carlos Pinzón.

Quizá el hecho más preocupante es el debate en torno a la denominada reforma de equilibrio de poderes que sólo es una colcha de retazos que en nada amplía las garantías para que las fuerzas políticas minoritarias accedan a los espacios de poder, mientras fortalece a quienes han ejercido el poder político por décadas en el país.

En igual sentido el gobierno Santos no se atreve a dar inicio a las mesas de trajo establecidas con el campesinado desde la cumbre agraria, un año  a trascurrido desde que se logrará los primeros acuerdos tras el multitudinario paro agrario, y el gobierno sigue dilatando el inicio de las mesas para concretar y materializar lo pactado con el campesinado.

En el fondo hay que decir, que el gobierno continúa con la idea del logro de la paz sin que ello implique cambios en el modelo político y económico, anhelan las clases gobernantes del sector qué quiere un acuerdo negociado, que las guerrillas se desmovilicen y el país siga por lo mismo. Y aunque se reconoce que este sector hace un esfuerzo para el impulso del proceso de diálogos, y resiste toda suerte de presiones del sector de las clases dominantes que continúan soñando desde la ultraderecha con la derrota militar de la insurgencia, vociferando cada vez con más fuerza y virulencia, cuando se anuncian logros y avances en los diálogos.

Más allá de esta breve radiografía, las organizaciones de víctimas entre otras, deben entender el papel que se debe jugar en este momento, de no ser así, sería fácil caer en la “arenas movedizas”, que trae implícito el discurso mediático del “pos conflicto”, con el cual el gobierno de Juan Manuel Santos y los medios de comunicación a su servicio pretenden hacer creer que el único problema que tiene el país en la existencia del conflicto armado, negándose a reconocer que en el país subyacen  y se anteponen múltiples conflictos sociales, culturales, económicos derivados entre otras, en largos períodos de exclusión social, profundización de las diferencias e inequidades sociales y económicas, así como de una práctica política vinculada a la violencia sistemática ejercidas desde el poder para mantener privilegios económicos.



Por tales razones, es urgente que las organizaciones de víctimas y de derechos humanos impulsen las siguientes acciones entre otras:

1.      Hacer mucha pedagogía sobre el actual momento, la importancia de defender los diálogos de paz, conocer y divulgar lo acordado y ganar mayores respaldos populares a la idea de mantener los diálogos, lograr el cese bilateral y avanzar en el proceso con el Ejército de Liberación Nacional e incorporar en esta tarea al ejército popular de liberación.
2.      Trabajar en el estudio de los documentos hechos públicos de lo acordado en la Habana.
3.      Construir el pliego de  exigencias de las víctimas, que pasa por:
a)      Modificar la ley de víctimas y lograr verdadera reparación y restitución.
b)      Mejorar los montos de la indemnización
c)      Ampliar el presupuesto para vivienda gratuita para las víctimas del conflicto armado
d)      Mejorar la atención a las víctimas, en todas las oficinas encargadas de ello.
e)      Conformar una comisión de la verdad histórica donde las victimas estén ampliamente representadas.
f)       Modificar el sistema de conformación de las mesas de participación de víctimas.
g)      Mejorar el acceso de mujeres, niños, discapacitados, indígenas, afro descendientes,  y adulto mayores a todas las medidas de reparación, restitución y atención integral.
4.      Articular esfuerzos con otros procesos que luchan por el medio ambiente y para detener la locomotora minero energética, igualmente con organizaciones que promueven la renegociación de los tratados de libre comercio.

5   Este momento es para fortalecer los procesos organizativos que permitan construir los pliegos de exigencias que hagan posible la paz con justicia social, ampliación de la democracia y el desmonte de la impunidad, así como el desmonte de los grupos paramilitares que siguen ejerciendo su acción criminal a lo largo y ancho del país, esto supone exigir al gobierno superar todas las causas que originaron y desarrollaron el conflicto armado en Colombia

6     Abogamos no por el post conflicto, sino por el pos acuerdo, para exigir, movilización de lucha, la paz duradera y estable que se logra superando las desigualdades económicas y sociales ampliando la democracia y construyendo un país con soberanía.

Así, la tarea de ANDAS y sus afiliados, es contribuir a la lucha, hacer visible la exigibilidad de los derechos de las víctimas del conflicto social, económico y armado, para ello hay que apelar a la coordinación, la articulación y la movilización de todas las rebeldías.


COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
ANDAS



Bogotá 6 de noviembre de 2014 

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