El Redentor: Tortura o resocialización?

Alfonso castillo

Defensor de derechos humanos

hojasuelta0@gmail.com

Las graves denuncias de maltrato ocurridos en el centro de rehabilitación a menores infractores conocido como El Redentor, ubicado al sur de la Ciudad de Bogotá deja de manifiesto que no existe en Bogotá y de seguro en el país, una política clara de resocialización a menores de edad comprometidos en prácticas delincuenciales.

Las imágenes conocidas el lunes 8 de octubre a través de las redes sociales, donde se muestran tratos crueles y degradantes que evidencien la tortura que en principio fue propinada por algunos uniformados a un grupo de jóvenes semidesnudos, con claras señas de vejámenes físicos y psicológicos, dejan ver claramente la irresponsabilidad y en todo caso la ignorancia que se tiene de la tarea de rehabilitar jóvenes en contextos complejos. Ahora bien sobre este acto que no cabe la menor duda es un acto de tortura según se determina en la declaración universal de los Derechos Humanos. Igualmente,  así está definida en la Constitución Política Colombiana “Nadie será sometido a desaparición forzada, tortura o penas crueles, inhumanas o degradantes” Artículo 12 CPN y es justo lo que evidenciaron las bochornosas imágenes, que según se informa corresponden a hechos ocurridos el 29 de septiembre del 2018 en la instalaciones de dicho centro de rehabilitación.

No obstante las prontas declaraciones de todas las autoridades rechazando los hechos y anunciando “exhaustivas” investigaciones, que mañana o pasado mañana, pasarán al olvido y con ello luego a la impunidad. Resulta claro a partir de la imagen, que algunos policías están fuertemente comprometidos en el delito de tortura. Sin embargo este grave hecho no puede reducirse al retiro de unos policías, sobre los cuales por supuesto tiene que aplicarse justicia y la respectiva condena por el delito de tortura. Pero sobre la situación presentada pueden hacerse algunas preguntas: Este tipo de situaciones de tortura hacia los jóvenes son recurrentes en la institución?  Se trata de una manera sistemática de “castigar” a los jóvenes cuando cometen algún acto de indisciplina o intentan fugarse? En El Redentor la resocialización está a cargo de este tipo de “agentes pedagógicos”?  existen en el centro de rehabilitación profesionales del trabajo social, la psicopedagogía o terapeutas?  o está resocialización está a cargo de “terapias de castigo” proferidas por el autoritarismo, el bastón de mando o palabras insultantes?  Si hay profesionales, donde estaban a la hora de los hechos de tortura? o ellos y ellas cohonestaron con estas prácticas? . Porque en El Redentor se encuentran personas mayores de edad pagando condenas, junto a jóvenes infractores? Sin duda muchas preguntas sobre un hecho que según muchas denuncias no se trata de una situación ocasional o aislada, sino una práctica sistemática y recurrente.

Resulta inaceptable desde todo punto de vista, que intente justificarse la actuación de la policía por el hecho de tratarse de jóvenes delincuentes, o  hayan estado comprometidos en el intento de fuga que se señala por los medios de comunicación. La justificación o permisividad con este tipo de prácticas, son las que luego se convierten en prácticas de exclusión, segregación y violencia con grupos humanos que resultan incómodos para otros y posteriormente se vuelven conductas que conllevan al fascismo. Estás prácticas son más graves, sí quién las ocasiona son los responsables institucionales que tienen el encargo de proteger. Estas prácticas sólo generan resentimiento y reproducen exponencialmente la violencia.

Más allá de estas preguntas, está el interrogante sobre la política pública de resocialización a jóvenes delincuentes, porque si la muestra de esta política es el centro especializado en El Redentor, hay pocas esperanzas que nuestros jóvenes delincuentes, puedan ser algún día rehabilitados, pues esta institución, no cuentan con las instalaciones, ni con la pedagogía adecuada para la resocialización con un enfoque restaurativo de derechos.

Pero yendo más allá cabe la pregunta sobre cuáles son las políticas de prevención para impedir que cada vez más jóvenes a más temprana edad se vean obligados a involucrarse en prácticas delincuenciales a partir del consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo y el involucramiento en redes de prostitución, tráfico de drogas o vinculación a grupos delincuenciales. La pregunta de fondo es si el recorte presupuestal a las políticas sociales, no están empujando a los y las jóvenes al abandono temprano el sistema escolar y ante la imposibilidad de muchas familias empobrecidas por las políticas económicas puestas en marcha se dificulta el acceso de niños y niñas al sistema escolar público gratuito. Igualmente se presenta la cada vez más grave situación de violencia intrafamiliar que empuja niños y jóvenes a prácticas recurrentes de uso de la violencia para resolver problemas.  Así mismo, el modelo económico, la inestabilidad laboral, el trabajo precarizado y las largas jornadas de trabajo mal remunerado, aunado a un transporte público ineficaz y costoso, que hace que madres y padres no puedan acompañar a niños y adolescentes a una adecuada formación-educación basada en el respeto, la convivencia, la autoestima y la protección.

En fin, son muchos los interrogantes que surgen alrededor de la denuncia de tortura en el que debiera ser el mejor y mayor centro de rehabilitación de menores infractores en el país.

Las autoridades judiciales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene la palabra y esperamos que no tengamos que asistir en los próximos meses a una tragedia en la que jóvenes y autoridades, pierdan la vida o vean afectada su integridad personal, por cuenta de la negligencia institucional y las prácticas autoritarias y violentas de personal no apto para atender este tipo de población.

Bogotá, 10 de 0ctubre de 2018.