Alfonso Castillo Garzón
Defensor de los Derechos Humanos
Persistir en la búsqueda de la solución negociada a los conflictos armados que hoy se siguen presentando en distintos lugares de la geografía nacional, (Catatumbo, Magdalena Medio, Cauca, Caquetá, Chocó, Buenaventura) son sin lugar a equívoco, un imperativo ético, como también lo es la urgencia de establecer corredores humanitarios en las comunidades que siguen haciendo los llamados que hacen desde la angustia y la zozobra que a diario sigue desatando por los enfrentamientos entre distintos grupos armados en el territorio Colombiano.
La solución negociada del conflicto armado, que cada día se degrada más y afecta de manera más directa y dolorosa a distintas poblaciones, es el clamor que distintas organizaciones sociales, comunitarias y de Derechos Humanos, para aprovechar el momento político que se ha abierto en el país con el establecimiento de la política de paz total, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, en la que se hace el llamado a poner todos los puntos de discusión sobre la mesa, sin que haya tema vedado para tales diálogos, lo que significa sin duda, un cambio de estrategia y actitud y en todo caso un gesto generoso, si se compara con otros procesos de paz, establecidos en el país
Sin embargo hoy, desde distintas regiones estamos conociendo “panfletos y comunicados amenazantes”, además de hechos tan inquietantes como la materialización de asesinatos a líderes y lideresas y firmantes de la paz, a lo que se suman confinamientos y desplazamiento de comunidades en distintas zonas del país y reclutamiento forzado de menores, que a nombre de distintos grupos armados en disputa por el “control territorial”, siguen poniendo a la población civil, organizaciones sociales, comunitarias, de derechos humanos y sindicales, en el centro de sus acciones armadas, declarandolas “objetivo militar”, en comportamientos típicamente paramilitares.
No resulta aceptable, que con el pretexto de “proteger” a la población, se lanzan amenazas intimidatorias, que en todo caso ponen en riesgo a las poblaciones y comunidades, que no anhelan cosa distinta que poner fin a las confrontaciones armadas y a terminar una guerra que tanto dolor está causando en los territorios de nuestro país.
Mantener este clima amenazante también permite a grupos de la ultraderecha, interesados en prolongar la guerra en Colombia para que en el marco ese enrarecido ambiente, se sigan realizando amenazas a comunidades y organizaciones sociales que luchan por la paz, la protección del medio ambiente y la defensa del gobierno del cambio.
Sea esta la oportunidad, para hacer un llamamiento a las fuerzas vivas del país y al gobierno nacional, para brindar la debida protección a estas comunidades que se encuentran en riesgo por cuenta de la acción de grupos armados, que han convertido a las comunidades en un escudo y blanco de sus acciones, para poder continuar desarrollando su accionar guerrerista que nada beneficia la consolidación de la paz que reclama la sociedad colombiana. Este llamamiento significa que el gobierno debe fortalecer su presencia en territorios históricamente abandonados, incrementando la inversión en programas sociales y de desarrollo comunitario al mismo tiempo que se debe persistir en la política de diálogo con los grupos armados con el propósito de establecer acuerdos verificables para excluir a la población civil de las confrontaciones armadas y de sus negocios ilícitos. al mismo tiempo es responsabilidad del gobierno y el estado colombiano, avanzar más sólidamente en el desmonte de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el plan para el desmonte efectivo del paramilitarismo en Colombia.
Desde esta tribuna se saluda la apuesta decidida del gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez por intensificar las acciones en la vía de materializar pronta y efectivamente la reforma rural integral, con ella sin duda alguna, se ataca una de las causas estructurales que han permitido la continuidad del conflicto armado colombiano.
3 de marzo de 2025

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